• Realizan visitas de seguimiento a escuelas beneficiadas con programas federales.
  • Destacan la política de rendición de cuentas del gobierno de Carlos Joaquín.

Chetumal, Quintana Roo, 15 de marzo de 2017.- Personal adscrito a la Contraloría Social de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), lleva a cabo visitas de seguimiento en las escuelas que resultaron beneficiadas con programas federales para el ciclo escolar 2016-2017, con la finalidad de fortalecer la participación de los padres de familia en el sector educativo.

Luego de mencionar lo anterior, la titular de la SEyC, Marisol Alamilla Betancourt, señaló que la función de los Comités de Contraloría Social se enfoca a vigilar la correcta aplicación de los recursos federales gestionados a través de los siguientes programas: Reforma Educativa, Tiempo Completo, Inclusión y Equidad Educativa, Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Inglés y Convivencia Escolar.

Indicó que la SEyC fortalece los vínculos de comunicación directa con los funcionarios encargados de fungir como enlaces ante las autoridades federales y se suma a las acciones que el gobernador Carlos Joaquín González ha establecido para fomentar la transparencia y rendición de cuentas, respecto a las acciones enmarcadas en la presente administración.

Bajo este esquema de corresponsabilidad social, los padres de familia conocen las características de los recursos recibidos, los cuales pueden ser a través de cursos y talleres de capacitación destinados a directivos y/o docentes, equipamiento y remodelación de espacios dentro de los planteles escolares, así como la entrega de materiales de apoyo para incentivar una adecuada convivencia escolar, entre otros beneficios, explicó.

Manifestó que el personal adscrito a la Subsecretaría de Educación Básica, lleva a cabo una oportuna atención a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública a nivel nacional, en la cual instruye a los responsables operativos de los programas federales, a dar cumplimiento a las reglas de operación establecidas para su funcionamiento, en las que se especifica como una obligatoriedad para los beneficiarios la instalación y seguimiento a los Comités de Contraloría Social.